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Firman convenio de colaboración para ordenar administrativamente relación de consumo en CEFERESOS

Firman convenio de colaboración para ordenar administrativamente relación de consumo en CEFERESOS
20 Jun
3:56
  • A partir de la firma de este instrumento jurídico, la Procuraduría Federal del Consumidor podrá verificar mediante diversos mecanismos, entre otros, un sistema a distancia cibernético, que se respeten de parte del proveedor los precios que se ofrecen a las personas privadas de su libertad.
  • El Procurador Federal del Consumidor, Rogelio Cerda Pérez, firmó el documento con Rogelio Miguel Figueroa Velázquez, titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social; Ruth Villanueva Castilleja, Tercera Visitadora General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y Joel Guevara, director de la empresa proveedora, encargada del abasto y comercialización de productos distintos a los que se otorgan de forma gratuita en los Centros Federales de Readaptación Social y el Complejo Penitenciario Islas Marías.

Con el objetivo de ordenar administrativamente las relaciones de consumo en los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) y el Complejo Penitenciario Islas Marías, se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (PYRS), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la empresa Klasnic, S.A. de C.V., encargada del abasto y comercialización de productos en los penales distintos a los que se otorgan de forma gratuita a las personas privadas de su libertad (PPL).

Los encargados de la firma fueron el Procurador Federal del Consumidor, Rogelio Cerda Pérez; el titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, Rogelio Miguel Figueroa Velázquez; la Tercera Visitadora General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Ruth Villanueva Castilleja, y el director general de la empresa Klasnic, Joel Guevara.

Gracias a este instrumento jurídico la Profeco podrá verificar, mediante diversos mecanismos, entre otros, un sistema a distancia cibernético, que se respeten de parte del proveedor los precios que se ofrecen a las personas privadas de su libertad y que se cumpla con las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).

Asimismo, los firmantes intercambiarán información para el debido ejercicio de sus atribuciones, siempre y cuando no se encuentre clasificada como reservada o confidencial.

Como parte del Intercambio de Información, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social enviará a la Procuraduría el catálogo de productos que oferta la empresa a las PPL para que, con base en éste, la Profeco identifique aquellos productos cuyos precios se hayan recolectado a través de su programa Quién es Quién en los Precios (QQP) y comparta información con el Órgano Administrativo y la empresa, con el propósito de que la tomen como referencia para determinar el precio final de los productos.

Además, la Profeco recabará información sobre productos cuyas características sean similares a aquellos que estén en el referido catálogo, pero que no se encuentren el mercado regular o en la base de datos del QQP por sus características de cantidad, gramaje, envase o cualquier otra especificación con las que PYRS los solicite a Klasnic, a efecto de que la utilicen como referencia para determinar el precio final de los productos

Por su parte, la CNDH recibirá de PYRS un informe sobre la ejecución de los compromisos contenidos en el convenio cada tres meses, con el propósito de dejar evidencia sobre las acciones realizadas en materia de derechos humanos, con especial énfasis en la protección de los derechos de los consumidores, en beneficio de las PPL en los Ceferesos y  el Complejo Penitenciario Islas Marías.

Durante su intervención, el Procurador Cerda Pérez dijo que este convenio y las acciones que derivarán de él son una medida plausible impulsada por el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida.

Hizo hincapié en que las PPL no pierden sus derechos como consumidores, tal como lo señala el artículo 9 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

 

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