Redacción MAS Seguridad

“Las drogas ilícitas se han convertido en una de las mayores amenazas a la salud de los jóvenes y el narcotráfico es uno de los riesgos más grandes para la seguridad de las naciones. Los ciudadanos del mundo son víctimas de este flagelo, directa o indirectamente. El último informe de la Organización de Naciones Unidas señala que aproximadamente 200 millones de personas han consumido, por lo menos una vez al año, alguna droga, y que hay 25 millones que son toxicómanos”, señaló Arturo Chávez Chávez, Procurador General de la República.

Frente a funcionarios federales del gobierno mexicano y diplomáticos del Caribe y Sudamérica, al inaugurar la Reunión Ministerial Regional sobre el problema mundial de las drogas: Seguridad y Cooperación, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), destacó dijo que la distinción entre países productores, de tránsito o de consumo de enervenates, parece hoy anacrónica.

En la mayoría de los casos, los países son objeto de todas estas actividades. Naciones que hasta hace poco tiempo no tenían índices de consumo preocupantes, tienen hoy que ocuparse del fenómeno de las drogas desde la perspectiva de la salud pública y la fortaleza moral de la sociedad, para intentar revertir las alarmantes tendencias de consumo de estupefacientes.

En México hemos conocido recientemente los resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones, correspondiente al año 2008 y las cifras que nos arroja son una prueba contundente de lo que lo antes señalado.

Dijo que el daño físico que producen, las drogas tienen un efecto destructor del tejido social, ya que conectan la fuerza vital de nuestra patria, su niñez y juventud con lo peor de la sociedad: los delincuentes. Para México, el combate a a las drogas, así como a la violencia que genera, es una responsabilidad compartida, que exige un planteamiento multilateral, integral y equilibrado.

Desde el inicio del gobierno del Presidente Felipe Calderón, se convocó a los mexicanos a emprender una lucha directa y a fondo contra la delincuencia organizada. La estrategia consideró diversos frentes, en consonancia con la experiencia internacional y el Plan de Acción de Cartagena.

Las acciones se dirigen a desarticular las cadenas y redes de operación, logísticas, financieras y comerciales de la delincuencia organizada, lo que paso a paso se está logrando. Al mismo tiempo, se inició una profunda depuración y la profesionalización de las instituciones de seguridad y procuración de justicia federales y locales.

Nuestro sistema penal –dijo- tiene un amplio capítulo dedicado al combate a la delincuencia organizada, que recoge los principios de la Convención de Palermo y otros instrumentos internacionales de la ONU y la OEA.

Tenemos nuevas leyes para enfrentar el narcomenudeo, prevenir el consumo de drogas ilegales y atender a los adictos. Están en preparación otras para enfrentar el secuestro y el lavado de activos.

La estrategia se complementará en primer término, con la implementación de un modelo educativo que ponga énfasis en la formación integral de nuestros niños, teniendo como eje el respeto a la dignidad humana y en segundo lugar, con el impulso a la participación ciudadana en la denuncia y el combate a las adicciones.

El primero será sin duda más importante. Es preciso impulsar un cambio profundo en las mentalidades de nuestros ciudadanos, que ponga por encima de todo, la dignidad del individuo.

En el ámbito de la cooperación regional resulta indispensable que avancemos en la atención de los temas que nos permitirán combatir al crimen de manera más coordinada e integral, y evitar que la droga llegue a los niños y jóvenes.

Hizo énfasis en que sociedad y gobierno deben abocarse a mejorar la efectividad en materia de lavado de dinero. Para ello, habremos de priorizar la construcción de un mecanismo para compartir la información de declaraciones de entradas y salidas de efectivo de cada uno de los países. También es fundamental homologar los formatos de transferencias de fondos, y agilizar los canales para el intercambio de información sobre ciudadanos involucrados en el lavado de activos.

“México se ha apoyado en Colombia para diseñar instrumentos legislativos a fin de extinguir el dominio de bienes relacionados con la delincuencia organizada; nuestros nuevos instrumentos legislativos nos permiten, incluso, establecer mecanismos de cooperación para la recuperación de activos localizados en otros países, por lo que estamos listos para construir herramientas compartidas en este sentido”, añadió el titular de la PGR.

Otro tema fundamental en el trabajo conjunto se refiere al tráfico de armas y municiones, cuyo flujo afecta a todos muchos países. En este sentido, es imprescindible que se construya una base de datos compartida sobre armas incautadas, para tener mayor control sobre las armas de fuego que cruzan nuestras fronteras.

Asimismo, dijo que se debe trabajar arduamente para controlar de manera estricta el flujo de sustancias que pueden ser utilizadas como precursores químicos, en la producción de drogas sintéticas. Para lograrlo, sería altamente deseable que los países de la región legislaran en esta materia. La experiencia de México en este tema ha sido exitosa, y está el país presto a compartirla.