Richard Biernay Arriagada / Opinión
Santiago, Chile.- Durante los últimos años, Chile ha experimentado una transformación significativa de su escenario de seguridad pública. Durante décadas, el país fue considerado una de las naciones más seguras de América Latina, con niveles de violencia criminal relativamente bajos en comparación con otros países de la región. Sin embargo, fenómenos como la expansión del crimen organizado transnacional, el aumento de los homicidios, la mayor presencia de mercados ilícitos complejos y una creciente percepción de inseguridad han modificado profundamente la discusión pública.
A ello se sumó un fenómeno institucional particularmente relevante: las consecuencias derivadas del estallido social de 2019. Durante meses, las policías chilenas enfrentaron una presión operacional extraordinaria asociada al control del orden público, al mismo tiempo que se intensificó el escrutinio político, judicial y mediático sobre sus actuaciones. Como resultado, se produjo una combinación compleja de desgaste institucional, aumento de exigencias operativas y una creciente demanda ciudadana por mayor seguridad.
En este contexto, una de las afirmaciones más recurrentes en el debate público chileno ha sido que faltan policías.
La frase parece evidente. La sostienen autoridades gubernamentales, alcaldes, parlamentarios, especialistas y ciudadanos. La percepción de una menor presencia policial en las calles, tiempos de respuesta más extensos y mayores niveles de temor frente al delito han contribuido a consolidar esta idea como una verdad prácticamente incuestionable.
Sin embargo, existe una pregunta que con frecuencia queda fuera de la discusión: ¿el problema radica exclusivamente en la cantidad de policías disponibles o también en la forma en que los recursos policiales son administrados y distribuidos?
La interrogante no es menor.
La formación de un policía constituye una inversión considerable de recursos públicos, tiempo y capacidades institucionales. Por ello, además de analizar el tamaño de las dotaciones, resulta igualmente relevante examinar dónde se encuentran esos funcionarios y qué funciones desarrollan efectivamente.
Toda organización policial moderna requiere estructuras de apoyo. Existen labores administrativas, logísticas, académicas, comunicacionales, tecnológicas y de seguridad institucional que son indispensables para garantizar el funcionamiento del sistema. Ninguna policía del mundo podría operar exclusivamente con personal desplegado en terreno.
No obstante, cuando la seguridad pública se instala como una de las principales preocupaciones ciudadanas, resulta legítimo preguntarse si la distribución de esos recursos humanos continúa respondiendo adecuadamente a las prioridades operativas.
El debate adquiere especial relevancia cuando distintas regiones o municipios, a lo largo y ancho del territorio, denuncian insuficiencia de personal para patrullajes preventivos, investigaciones criminales o cobertura de servicios policiales permanentes. Paralelamente, una parte importante de las capacidades institucionales permanece destinada a funciones de protección de autoridades, resguardo de instalaciones estratégicas, tareas protocolares, seguridad institucional o labores administrativas que, en algunos casos, podrían ser ejecutadas por personal civil especializado.
La discusión no debe interpretarse como una crítica a dichas funciones. La protección de autoridades, la seguridad de edificios gubernamentales y el apoyo administrativo son actividades legítimas y necesarias para el funcionamiento del Estado democrático.
La cuestión de fondo es otra: cuando los recursos son limitados, ¿se encuentran correctamente equilibradas las prioridades institucionales?
Este debate no es exclusivo de Chile.
Diversos sistemas policiales de América Latina enfrentan desafíos similares. Mientras las demandas ciudadanas exigen una mayor presencia policial en los territorios, las organizaciones deben responder simultáneamente a requerimientos administrativos, judiciales, tecnológicos, comunicacionales y de protección institucional cada vez más complejos.
La tensión entre funciones operativas y funciones de apoyo constituye uno de los principales desafíos de gestión policial del siglo XXI.
Por ello, una de las preguntas más relevantes para cualquier sistema de seguridad contemporáneo no es únicamente cuántos policías tiene una institución, sino cuántos de ellos se encuentran desempeñando funciones que requieren efectivamente competencias y atribuciones policiales.
La incorporación de personal civil especializado, la modernización de procesos administrativos, la automatización de determinadas tareas y la revisión periódica de los modelos de asignación de recursos humanos son mecanismos ampliamente utilizados en distintos países para maximizar la disponibilidad operativa sin necesidad de incrementar significativamente las dotaciones.
Tal vez la discusión más importante sobre seguridad en América Latina aún no ha comenzado.
No se trata únicamente de cuántos policías necesitamos incorporar. Se trata de cuántos de los que ya existen están hoy destinados a proteger efectivamente a los ciudadanos.
Porque cuando la seguridad escasea, cada policía cuenta.
Y cada policía que realiza una función que podría ser desempeñada por otro profesional representa una oportunidad perdida para prevenir un delito, investigar un crimen o proteger una comunidad.
La pregunta está planteada. La discusión ya no puede seguir postergándose.
Richard Biernay Arriagada / Consultor Senior
Articulista invitado / Especialista en Seguridad Pública y Gobernanza territorial en Chile
Es Ingeniero Civil Industrial, Relacionador Público, Magíster en Didáctica para la Educación Superior y Oficial Superior en retiro de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). Fue Jefe de Interpol Chile, Jefe del Laboratorio de Criminalística Central, Jefe de la Prefectura Colchagua y Cardenal Caro y Agregado Policial de Chile en Emiratos Árabes Unidos.
Fue Premio Nacional de Relaciones Públicas de Chile 2021, actualmente se desempeña como consultor senior y académico en materias de seguridad, comunicación estratégica y gobernanza institucional.
Correo: biernay@gmail.com
